Fiscalía la acusa de tres delitos con agravante de discriminación por orientación sexual
Cristina Seguí, la bulóloga de extrema derecha, enfrenta una nueva pena de cuatro años y medio de cárcel. La acusación surge tras difundir datos personales de una niña en acogida por una pareja gay. Actualmente, Seguí está pendiente de sentencia por publicar un vídeo de menores violadas en Burjassot, Valencia. La fiscalía la acusa de tres delitos contra la intimidad, agravados por discriminación por orientación sexual, debido a un post en Twitter titulado “la bebé robada en Castellón fue entregada ilegalmente a una pareja LGTBI amiga de Oltra y secretario LGTBI de Ximo Puig”.
El auto de incoación de procedimiento abreviado del juez instructor, al que ha tenido acceso ElPlural.com, señala que el post de Seguí atenta contra el sistema de protección de menores, fomentando odio contra autoridades territoriales y el colectivo LGTBI. El juez y la fiscal coinciden en que los hechos revelan la imagen personal de la niña sin consentimiento de la entidad tutora, estigmatizándola públicamente con términos como “niña robada” y “niña de la pareja LGTBI”.
Detalles del caso y las acusaciones
Además, la publicación vulneró la intimidad de otros tres niños, revelando información privada en beneficio de los abuelos paternos, quienes perdieron la patria potestad. El magistrado afirma que la filtración de información a Seguí fue alentada por la letrada de los abuelos, aunque no lograron recuperar la custodia. Esta situación subraya la gravedad de las acciones de Seguí, que han tenido consecuencias directas en la vida de varios menores.
En el escrito de acusación, al que también ha tenido acceso ElPlural.com, la fiscalía señala que, además de los delitos contra la intimidad por publicar “la imagen de la niña, así como los nombres, apellidos, profesión y lugar de residencia” de los padres de acogida, existe una agravante de discriminación sexual. Seguí hizo comentarios despreciativos sobre la orientación sexual de la pareja, un matrimonio de dos hombres, calificando su adopción como un “experimento del ‘lobby’ gay”.
Publicación homófoba y comentarios peyorativos
Durante el programa “Estado de Alarma” de Javier Negre, Seguí insistió en que la niña fue entregada a la pareja LGTBI solo por su orientación sexual, calificando el caso como un experimento para futuros casos similares. Estas acciones y declaraciones demuestran, según la fiscal, una animadversión hacia la orientación sexual de la pareja, lo que agrava los delitos cometidos.
La fiscalía argumenta que estos comentarios, además de violar la privacidad de la niña y sus padres de acogida, fomentan el odio y la discriminación contra el colectivo LGTBI. Esta acusación subraya la gravedad de las acciones de Seguí, que no solo vulneran derechos individuales sino que también promueven prejuicios sociales. La resolución de este caso podría sentar un precedente importante en la protección de los derechos de las minorías sexuales.
