Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno, estaba al tanto del acuerdo de Rubiales con Arabia Saudí
El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, informó detalladamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre un controvertido contrato para celebrar la Supercopa en Arabia Saudí, ahora bajo investigación judicial.
El acuerdo, que implicaba la movilización de la Supercopa a Arabia Saudí, fue parte de una estrategia más amplia que también incluía cambios normativos urgentes en el deporte español. Además, este pacto se cerró con la colaboración de figuras prominentes del deporte y la política, lo que ha levantado cuestionamientos sobre las responsabilidades y las implicaciones éticas de tales negociaciones.
Implicaciones del acuerdo y reacciones políticas
La relación entre Rubiales y Pedro Sánchez ha sacado a la luz cuestiones críticas sobre la influencia política en el deporte español y cómo los acuerdos internacionales de este calibre son gestionados y comunicados. Las discusiones incluyeron a altos cargos como Irene Lozano y el entonces director de Gabinete de Sánchez, Iván Redondo, destacando la profundidad de la consulta y coordinación en este asunto.
Este acuerdo no solo generó un considerable ingreso económico estimado en 40 millones de euros por edición durante seis años para la RFEF, sino que también incluyó comisiones supuestamente asignadas a la empresa Kosmos de Gerard Piqué, añadiendo otra capa de controversia al ya polémico pacto.
Consecuencias y continuidad de la investigación judicial
El caso ha evolucionado hacia una investigación formal que cuestiona la legalidad y la transparencia del acuerdo. Con figuras como Pedro Rocha, sucesor de Rubiales, manifestando desconocimiento sobre detalles críticos del contrato, la investigación busca esclarecer no solo la legalidad de las comisiones sino también el grado de conocimiento y complicidad entre los líderes deportivos y políticos.
Este escándalo ha dejado al descubierto un entramado de relaciones y acuerdos que podrían tener amplias repercusiones para la integridad del fútbol español y la confianza pública en la gestión de sus instituciones deportivas y políticas. La transparencia y la ética se vuelven cuestiones prioritarias para restaurar la credibilidad perdida.
